Podemos condicionará los nuevos Presupuestos a la regulación del precio de los alquileres

Los cambios dentro del Gobierno no servirán para aligerar las tensiones. Podemos considera que se ha incumplido el pacto cerrado en octubre del pasado año con Pedro Sánchez para regular el precio de los pisos de alquiler privados y exigirá su cumplimiento antes de los propios Presupuestos o, en caso contrario, las cuentas del Estado del próximo ejercicio peligrarán.

La tensión crece dentro del Gobierno. Y la salida de Pablo Iglesias no supondrá una relajación de los planteamientos encontrados. La ministra Ione Belarra está dispuesta a forzar la máquina y a hacer todo lo que haga falta para garantizar que la reforma pactada de la Ley de Vivienda sale adelante y lo hace, efectivamente, regulando el precio del alquiler. Sin atajos por parte del PSOE para esquivar la exigencia del partido morado.

Podemos, con este fin, está dispuesto a poner en peligro los Presupuestos para el ejercicio 2022. Y la condición es sencilla: se tiene que cumplir previamente el acuerdo cerrado en octubre entre socialistas y comunistas.

Rechazo a la última propuesta

Hay que recordar que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ya rechazó la última propuesta sobre la ley de Vivienda trasladada por el ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por no cumplir «con el acuerdo de Gobierno». El argumento de Belarra quedó plasmado en una de sus frases de aquel momento: «Un alquiler de 1.000 euros se pondría en 1.100», según sus palabras textuales.

Aquella propuesta socialista, de hecho, planteaba un aumento permitido de un 10% del precio pactado en los contratos de alquiler en las zonas catalogadas dentro de lo que se denomina por parte de los equipos del PSOE y de Podemos como “mercado tensionado”. Y eso, para Podemos, era un motivo fundado para no aceptar la reforma legal. Efectivamente, la última propuesta socialista aceptaba ya la fijación desde el poder público de precios privados para los pisos de alquiler.

Pero Podemos quiere una ley sin matices. Una norma que imite lo que denominan el modelo catalán de regulación de precios del alquiler.

El acuerdo cerrado en octubre de 2020 por el entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y Pedro Sánchez incluía el impulso antes de tres meses de una Ley de Vivienda Estatal con amplio grado de intervención pública en el mercado del alquiler. Ese plazo ha pasado y el pacto, por lo tanto, ha sido roto unilateralmente por el PSOE.

Aquella batalla negociadora, de hecho, fue clave para desbloquear los Presupuestos Generales del Estado que están en vigor. Y es que ese compromiso de fijar los precios en una ley específica fue la llave para que los morados admitiesen y respaldasen la aprobación de las cuentas del Estado para el año 2021.

El escollo principal fue desde el primer momento la pretendida fijación de precios de alquileres privados desde el poder público. Podemos lo exigía y el PSOE se resistía. Y fue el pacto de llevar esa regulación, en un plazo de tres meses, a una norma específica el que permitió engrasar las alianzas y que los Presupuestos actuales contaran con luz verde.

Ahora es Belarra la que decide. Y no está por la labor de dar más cheques en blanco a Pedro Sánchez.